La experiencia de contratación, cobro, renovación y baja deberá revisarse de manera integral; la claridad y accesibilidad se convierten en elementos de cumplimiento normativo.
La reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor aprobada el 5 de noviembre de 2025 modifica la manera en que las plataformas digitales gestionan las suscripciones y los cobros recurrentes. Esto impacta a servicios de streaming, software en la nube, aplicaciones financieras y comercios digitales que funcionan con modelos de membresía o pagos periódicos. El ajuste legal incide directamente en la forma en que las empresas estructuran la relación con sus usuarios y la permanencia dentro de los servicios.
La modificación al artículo 76 Bis establece que cancelar un servicio debe ser tan sencillo como contratarlo. La intención es reducir procesos que generan obstáculos en la baja. Para ello, las empresas deberán mostrar con claridad cuando un servicio implique cargos recurrentes, indicando monto, frecuencia y fecha del cobro, y deberán avisar con al menos cinco días naturales de anticipación cuando una suscripción esté por renovarse, de modo que la persona usuaria tenga margen real para decidir si continúa o no.
La implementación no se resuelve únicamente en modificaciones contractuales, porque los cambios terminan reflejándose en los flujos internos de navegación y de operación. La experiencia de contratación, cobro, renovación y baja deberá revisarse de manera integral, ya que la claridad y accesibilidad ahora se convierten en elementos de cumplimiento normativo.
Cuatro puntos que las plataformas deberán considerar
- Claridad en la información de cobro: Si hay pagos periódicos, deben explicarse con precisión.
- Aviso previo a la renovación automática: El usuario debe saber cuándo viene el siguiente cobro y tener margen para cancelar.
- Cancelación sencilla e inmediata: Sin procesos largos, sin pasos escondidos y sin costo adicional.
- Aceptación expresa para cambios de tarifa: Los incrementos ya no se aplican de manera automática.
La adecuación de estos puntos requiere trabajo conjunto entre áreas legales, de producto y de tecnología, porque la solución se materializa en la operación cotidiana de las plataformas. Cada empresa partirá de estructuras distintas, por lo que el resultado no será uniforme y la forma de resolver la permanencia del usuario variará según el modelo de servicio y las decisiones internas.
La reforma lleva a observar con más detalle la ruta que sigue una persona usuaria al cancelar un servicio. El ajuste se verá en cómo se estructuran esos pasos dentro de cada plataforma.
La Procuraduría Federal del Consumidor será la encargada de supervisar el cumplimiento y aplicar las sanciones correspondientes. La manera en que cada empresa adapte sus procesos determinará cómo se experimenta la reforma en el uso cotidiano. No habrá una sola forma de implementarla, lo importante será observar cómo cambian los flujos de permanencia y qué prácticas se replantean, ahí es donde la conversación continúa.